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El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas permite que las personas físicas se relacionen con las Administraciones, tanto por medios electrónicos, como por los tradicionales.

Por el contrario, estarán obligados a relacionarse con las Administraciones, siempre a través de medios electrónicos, los siguientes colectivos:

  • Las personas jurídicas.
  • Las entidades sin personalidad jurídica.
  • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • Aquellos otros para los que, reglamentariamente, así se establezca.

A este respecto, el artículo 68.4 de la citada Ley 39/2015 dispone que, si alguno de los obligados a tramitar electrónicamente realiza su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas le requerirán para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

En caso de tramitación tradicional, presencial, el escrito de solicitud podrá presentarse en los registros de entrada del Organismo, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros o en cualquier otro registro que establezcan las disposiciones vigentes (art. 16 de la Ley 39/2015).

En cuanto a la tramitación electrónica, el interesado habrá de realizarla ante los registros electrónicos de la Administración, tales como la Sede Electrónica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a la que están incorporadas las Confederaciones o la Sede Electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Cuándo es necesario disponer de una autorización o concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.

De acuerdo con el artículo 50 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, todos pueden, sin necesidad de autorización administrativa, y de conformidad con lo que dispongan las Leyes y Reglamentos, usar de las aguas superficiales, mientras discurren por sus cauces naturales para beber, bañarse y otros usos domésticos, así como para abrevar el ganado. Estos usos, denominados usos comunes, habrán de llevarse a cabo de forma que no se produzca una alteración de la calidad y caudal de las aguas.

Cualquier otro uso, obra o actividad que se pretenda llevar a cabo en el dominio público hidráulico o en sus zonas de protección requerirá la presentación de una declaración responsable o la obtención de una autorización o concesión administrativa de este Organismo.

En los siguientes apartados encontrará más información sobre los diferentes procedimientos administrativos que este Organismo tramita en el ejercicio de sus competencias así como impresos para solicitar su inicio.

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